Partidarios de Bolsonaro emulan en Brasilia el asalto al Capitolio

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Como si fuera un remedo del histórico asalto al Capitolio de Estados Unidos, del que acaba de celebrarse el segundo aniversario, ultraderechistas partidarios del expresidente Jair Bolsonaro invadieron en Brasilia las sedes del Congreso Nacional, de la Corte Suprema y del Palacio de Planalto, el emplazamiento del Gobierno brasileño, una semana después de la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva. Diversas autoridades cuestionaron al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, exaliado de Bolsonaro, por su ineficacia en las medidas de seguridad para impedir una acción que ya era esperada, y solicitaron la intervención federal en la seguridad pública de la capital. Tratando de evitar que el escándalo le salpicara, Rocha anunció la destitución de su secretario de Seguridad, Anderson Torres.

La imponente plaza de los Tres Poderes, con la célebre arquitectura de Oscar Niemeyer, se llenó de bolsonaristas con banderas de Brasil y camisetas de la ‘canarinha’. Los vándalos entraron en los edificios rompiendo los cristales y, una vez en el interior, se dedicaron a saquear el mobiliario. Exigían una «intervención militar» que devuelva al poder a Jair Bolsonaro, que se encuentra en Estados Unidos y que, al cierre de esta edición, no había realizado ninguna declaración sobre los graves incidentes.

Lula da Silva se hallaba en Araraquara, en el interior de São Paulo, evaluando los daños causados por fuertes lluvias en la región. Una vez fue informado del asalto, el presidente anunció que los «vándalos fascistas serán encontrados y castigados». El mandatario calificó de «barbarie» los graves altercados vividos en Brasilia y decretó la intervención federal en el área de seguridad de la capital. Ante el temor de un atentado por parte de fanáticos bolsonaristas que aún no aceptan el resultado de las urnas

Agregó que los radicales han sido «estimulados» por Bolsonaro y que «pagarán con la fuerza de la ley» por los disturbios provocados. «Vamos a descubrir a los financiadores» de esas protestas violentas y de cuño golpista, que «destruyeron todo lo que encontraron a su paso», indicó Lula, quien denunció fallos de seguridad por parte del gobierno del Distrito Federal de Brasilia. El presidente nombró como interventor a Ricardo Capelli, secretario general del Ministerio de Justicia, que será el responsable de toda el área de Seguridad en la capital hasta el próximo 31 de enero y estará subordinado directamente al presidente. Tendrá poderes para requerir fondos y bienes a disposición del gobierno regional para desempeñar sus funciones.

«La democracia garantiza el derecho de la libertad de expresión, pero exige que las personas respeten las instituciones», añadió Lula, que juró como jefe de Estado de Brasil el pasado 1 de enero.

Tres horas después del ataque, la Policía finalmente cercó el área. Los radicales llevaban palos y piedras y llegaron hasta la Sala Verde de la Cámara de Diputados, que da acceso al plenario del Congreso. El asalto era una amenaza de los bolsonaristas que venían prometiendo un ‘Capitolio brasileño’, en referencia al gravísimo incidente que partidarios de Donald Trump realizaron hace dos años en Washington por no aceptar la victoria de Joe Biden.

Inacción policial

Después de la invasión del Congreso, los radicales enfilaron hacia la sede de la Corte Suprema, donde también rompieron los cristales para entrar al edificio. En el Palacio de Planalto llegaron al cuarto piso y degradaron la sede del Poder Ejecutivo.

Los agentes de la Policía Militar usaron gas lacrimógeno para tratar de contener a los extremistas, pero el efectivo no fue suficiente para detener a la horda, que invadió la zona de contención que rodea el Congreso Nacional. La prensa registró escenas de un grupo de unos diez policías militares hablando con bolsonaristas y grabando imágenes de la invasión del Congreso en sus teléfonos móviles. Otras muestran la inacción de los agentes, que esperaban al lado de sus coches, mientras los radicales subían la rampa hacia el edificio.

La acción era totalmente previsible. De hecho, el ministro de Justicia, Flavio Dino, estuvo conversando con Ibaneis Rocha a lo largo de la semana. Este le informó que estaba preparado para recibir a los más de 4.000 bolsonaristas que llegaron a la capital este fin de semana desde diferentes puntos del país. Al menos un centenar de autobuses llegaron a Brasilia, pero el gobierno de Ibaneis mostró que no estaba preparado ni desplegó el efectivo suficiente para controlar la invasión anunciada.

«Puse en la calle a todos los efectivos de las fuerzas de seguridad, con determinación para detener y castigar a los responsables», escribió Ibaneis en su cuenta de Twitter. El ministro de Justicia calificó de «absurdos» los actos antidemocráticos y afirmó que el «intento de imponer la voluntad por la fuerza no prevalecerá».

Por su parte, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, afirmó en sus redes sociales que conversó telefónica con Ibaneis Rocha, que le confirmó que estaba «concentrando los esfuerzos de todo el aparato policial para controlar la situación». El senador también repudió los actos antidemocráticos que deben «sufrir el rigor de la ley urgentemente».

La presidenta del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, responsabilizó a Ibaneis y por el ataque. «El gobierno del Distrito Federal fue irresponsable ante la invasión. Es un crimen anunciado contra la democracia, contra la voluntad de las urnas y por otros intereses. El gobernador y su secretario de Seguridad, un bolsonarista, son los responsables de lo que ocurra», acusó.

El gobierno local, señalado

Dos ministros de la Corte Suprema dijeron al portal G1 de la cadena Globo que es necesario intervenir en el gobierno del Distrito Federal y asumir la seguridad del Distrito Federal de Brasilia. Según los jueces –que no fueron identificados por el medio–, hubo omisión o complicidad del gobernador del Distrito Federal.

Según informes recibidos por la Corte Suprema, los agentes de Policía desplegados no eran suficientes para contener la horda bolsonarista y fueron atropellados. «La indolencia del gobierno local requiere una intervención federal inmediata. Los golpistas no pasarán y el orden prevalecerá», escribió en sus redes sociales el senador Renan Calheiros. El Procurador General de la República, Augusto Aras, solicitó al Ministerio Público del Distrito Federal (PRDF) la apertura inmediata de un proceso de investigación penal con el objetivo de identificar a los implicados en los actos antidemocráticos.